Finalmente esta ley, incluye la cláusula de la Acción Directa, la cual ha quedado expresada de la siguiente manera:
Disposición adicional sexta. Acción directa contra el cargador principal en los supuestos de intermediación.
En los supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres, el transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción directa por la parte impagada, contra el cargador principal y todos los que, en su caso, le hayan precedido en la cadena de subcontratación, en caso de impago del precio del transporte por quien lo hubiese contratado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 227.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.”
Esta cláusula ha suscitado la crítica por parte de los cargadores finales, que pueden verse en la situación de acabar pagando dos veces por el mismo servicio. Sin embargo, el objetivo último es reducir en lo posible los niveles de subcontratación, así como el alto porcentaje de impago que están sufriendo los transportistas “finales” en los últimos años.
Por otro lado, también se ha incluido un artículo muy criticado por los transportistas, y es que se exime de responsabilidad de determinadas infracciones relacionadas con los tiempos de conducción o descanso a las empresas que contratan a los conductores.
Este aspecto ha quedado reflejado en la ley de la siguiente manera:
Setenta y seis. Se añade un punto 4 al artículo 138, con el siguiente texto:
4. No obstante lo dispuesto en los puntos 1 y 2 de este artículo, las personas a que se hace referencia en ellos no responderán de las infracciones cometidas en relación con los tiempos de conducción y descanso de los conductores o con la manipulación, falseamiento, o uso indebido del tacógrafo, cuando acrediten que los hechos que las determinaron constituían una falta muy grave de indisciplina o desobediencia cometida por uno de sus conductores que dio lugar a que éste fuera objeto de una de las sanciones que las disposiciones legales o el convenio colectivo aplicable aparejan a esta clase de faltas, siempre que dicha sanción haya sido declarada procedente mediante sentencia firme o no haya sido objeto de reclamación judicial por parte del trabajador en el plazo previsto para ello.
No se tendrá en cuenta esta exención cuando la sanción disciplinaria al conductor implicado no fuera más allá de la postergación o inhabilitación para ascensos en la empresa.”
En definitiva, la nueva LOTT seguirá dando que hablar entre todas los actores del sector, como ha estado haciendo hasta ahora. Aun así, todavía queda esperar a la aprobación de la regulación (ROTT) para lo que se ha establecido un plazo máximo de dos años.
Podéis consultar la nueva ley en el AQUI
